Con un fuerte impulso del Gobierno Nacional, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad llega a una etapa decisiva en el Congreso. El oficialismo busca reducirla a los 14 años, mientras especialistas advierten sobre la falta de un abordaje integral.
El escenario legislativo argentino se encuentra nuevamente en el centro de la controversia. Tras meses de intensas negociaciones y audiencias públicas, el oficialismo ha logrado avanzar con un acuerdo clave para reformar la Ley 22.278, un régimen penal de minoridad que data de 1980. El punto de mayor fricción: la edad mínima a partir de la cual un adolescente puede ser juzgado y condenado por delitos penales.
Los puntos centrales de la reforma
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, con el respaldo de sectores aliados, propone fijar la edad de imputabilidad en los 14 años. Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de llevarla a los 13 años bajo la premisa de «a delito de adulto, pena de adulto», el consenso parlamentario actual parece haberse estabilizado en los 14 años.
Entre los aspectos más destacados del nuevo Régimen Penal Juvenil se encuentran:
–Responsabilidad Penal: Los adolescentes de entre 14 y 18 años responderán ante la justicia por hechos tipificados como delitos.
–Medidas Restaurativas: Para delitos menores con penas máximas inferiores a los tres años, el proyecto contempla mecanismos de mediación y acuerdos voluntarios entre las partes.
–Privación de Libertad: Se establece como último recurso, priorizando centros especializados que, en teoría, garanticen la reinserción social.
Argumentos en pugna
Quienes defienden la medida, como la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sostienen que la ley actual genera una sensación de impunidad que es aprovechada por organizaciones criminales para reclutar menores. «Es necesario que quienes cometen delitos graves asuman las consecuencias de sus actos», argumentan desde los sectores oficialistas.
Desde la otra vereda, organizaciones como la Red Argentina No Baja y organismos como UNICEF alertan que la baja de la edad no soluciona el problema de la inseguridad. Según estadísticas citadas por especialistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, el porcentaje de delitos graves cometidos por menores es ínfimo en comparación con el total. Asimismo, la Conferencia Episcopal Argentina ha cuestionado que se presente la baja de imputabilidad como la única solución, pidiendo en cambio un enfoque integral que incluya educación y contención social.
El contexto regional
Con esta reforma, Argentina abandonaría el grupo de países con una de las edades de imputabilidad más altas de la región (16 años), posición que hoy solo comparte con Cuba. Países vecinos como Uruguay, Chile y Brasil ya cuentan con sistemas que establecen responsabilidades penales a partir de los 13 o 14 años.
El debate sigue abierto en las comisiones del Congreso, donde se espera que en las próximas semanas se firme el dictamen definitivo para su tratamiento en el recinto. Mientras tanto, la sociedad observa expectante una ley que promete cambiar las reglas del juego para la juventud en conflicto con la ley penal.
